Reforma laboral: el Gobierno prepara un plan para proteger el proyecto ante la judicialización

El proyecto de reforma laboral logró obtener media sanción en el Senado y se dirige hacia su debate en la Cámara de Diputados. A pesar de contar con resultados favorables y la confianza de avanzar, el Gobierno opta por ser cauteloso y ya establece un plan para proteger la normativa ante posibles acciones judiciales.

Desde la Casa Rosada se anticipó que, si se consigue la aprobación total de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias y su posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, se abrirá la puerta a presentaciones judiciales. Según sus análisis, estas acciones legales surgirán tanto de la Justicia como de los sindicatos que han manifestado su rechazo al proyecto de manera constante.

Una fuente cercana al oficialismo reveló que, para enfrentar los posibles embates judiciales, un equipo legal lleva meses diseñando una estrategia, aunque han decidido mantenerla en secreto para evitar que se filtre el plan. Esta tarea está bajo la coordinación de la Secretaría de Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional, encabezada por Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, cuyo secretario es Sebastián Amerio.

“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que se va a producir. Contamos con que esto terminará en la Corte, aunque afortunadamente solo hay un laboralista”, afirmó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Con el antecedente del amparo judicial que los gremios presentaron contra el capítulo laboral de la Ley de Bases, el oficialismo prevé que los principales focos de conflicto con los sindicatos se centren en tres puntos clave: la priorización de los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los contratos colectivos y la redefinición del cálculo de las indemnizaciones, entre otros aspectos.

Además, se percibe que el propio Poder Judicial cuestionará la decisión del Gobierno de trasladar la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es importante recordar que, a través de un decreto, se le otorgó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la potestad para firmar acuerdos de traspaso.

Desde el oficialismo denunciaron que la justicia laboral fue “cooptada” y afirman que se ha dedicado a “atentar” contra las pequeñas y medianas empresas. En la antesala de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia para revisar este tema, pero aun así se avanzó con su tratamiento, logrando finalmente la media sanción a la espera de la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados.

En la administración de Javier Milei se reafirma la vigencia del proyecto que tanto se ha defendido, mientras se trabaja en los últimos detalles de la estrategia judicial, que permanece bajo un estricto hermetismo. Uno de los involucrados en este plan expresó: “Es evidente que intentarán frenarlo, pero no deberían tener éxito. Buscarán discutir todo, con una justicia laboral a medida, pero van a perder”.