El Congreso se prepara para debatir la reforma laboral y la ley penal juvenil

El Congreso de la Nación inicia su actividad para abordar la reforma laboral y la modificación de la ley penal juvenil, dos propuestas que promueve el Gobierno. Este martes se dará comienzo a la formación de las comisiones que se encargarán de discutir estas iniciativas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

El debate sobre la reforma laboral, que se había pospuesto para este año, finalmente se llevará a cabo en el Senado, con la primera sesión programada para el 11 de febrero. La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un proceso de negociación, buscando llegar a acuerdos con los bloques que se consideran “dialoguistas”, como son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC). Este acercamiento se da a pesar de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con los gobernadores en los últimos meses.

Los puntos fundamentales de esta reforma se centran en una revisión exhaustiva del marco laboral actual. Se propone modificar las indemnizaciones, establecer un “Fondo de Cese Laboral” a través de convenios colectivos, y reducir las contribuciones patronales para incentivar la contratación formal. Además, se introduce la figura del “Colaborador Independiente”, que operaría bajo un régimen de autonomía, sin la tradicional relación de dependencia.

Otro aspecto innovador es la creación de un “Banco de Horas”, que proporcionará un sistema de flexibilidad horaria, permitiendo compensar las horas de trabajo excesivas en días posteriores, en lugar de pagar horas extras.

Sin embargo, los sindicatos han expresado un contundente rechazo a esta propuesta, argumentando que no solo no generará nuevos empleos, sino que también amenaza con la pérdida de derechos adquiridos. En respuesta, han convocado movilizaciones frente al Congreso, comenzando desde este martes.

En paralelo, avanza el proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años. Esta propuesta contempla un régimen especial con medidas socioeducativas y penas alternativas, excluyendo la posibilidad de condena a reclusión perpetua y estableciendo un máximo de 20 años de pena para los menores.

No obstante, se prevé que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves enfrenten penas similares a las de los adultos, con condenas que pueden alcanzar los 15 años o más, aunque no cumplirían en cárceles comunes. Para delitos cuya pena sea inferior a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizarán medidas sociales y educativas, permitiendo la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias en lugar de una prisión efectiva.

Desde LLA se argumenta que esta iniciativa busca eliminar la “puerta giratoria” y sancionar a los menores de 16 años que, bajo la ley actual (22.278), gozan de impunidad.