Fruticultura en el Alto Valle: la brecha impositiva del 12% que no se corrige con el dólar

La fruticultura en el Alto Valle ha enfrentado múltiples crisis a lo largo de los años, y la reacción habitual ha sido solicitar un tipo de cambio más elevado. Sin embargo, tras cada devaluación, el alivio que se experimenta resulta ser efímero, ya que rápidamente se vuelve a perder competitividad. Este fenómeno no es simplemente un problema cambiario, sino que tiene raíces estructurales.

Al comparar nuestra situación con la de Chile, un país vecino que ha cultivado una fruticultura exportadora robusta y en crecimiento durante tres décadas, se observa que la diferencia no radica en el clima, la calidad de los productos o la capacidad técnica. En el Valle hay productores que son verdaderos referentes en calidad, profesionalismo y trabajo serio, cumpliendo con estándares internacionales. La clave de esta disparidad se encuentra en el diseño institucional y tributario.

Si analizamos los costos de producción de un kilo de fruta, que son equivalentes en ambos países bajo condiciones de moneda e inflación similares, se revela una realidad preocupante. En la estructura del exportador del Valle, aproximadamente el 58% del costo total se destina a la mano de obra, tanto directa como indirecta, durante el proceso de empaque. En este contexto, las cargas patronales en Argentina son entre 10 y 15 puntos porcentuales más altas que en Chile, lo que impacta de manera significativa en el costo total, representando entre 5,8% y 8,7% del valor final.

El 42% restante de los costos está compuesto por insumos y servicios, donde el impuesto sobre ingresos brutos actúa en cascada. A diferencia del IVA, que es neutro para las exportaciones, este impuesto se suma en cada eslabón de la cadena: cartón, agroquímicos, transporte, frío, energía y servicios profesionales. Esta acumulación genera una incidencia efectiva que se estima entre 2% y 3% del costo total por caja, lo que se traslada al precio final de exportación. Además, se suma el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, que no existe en Chile y que tiene una incidencia estimada de entre 1% y 2% del costo total operativo.

En cuanto a la energía industrial, se suman tasas municipales que no se corresponden con el servicio eléctrico real. En situaciones verificadas, estas tasas representan entre 12% y 13% del monto neto facturado por energía. Dado que la energía representa aproximadamente el 8% del costo total, esta tasa municipal añade cerca de un punto porcentual adicional al precio final.

Cada uno de estos factores puede parecer menor si se consideran de forma aislada, pero en conjunto crean una brecha estructural con Chile que oscila entre 10% y 12% en el costo por kilo exportado. Esta diferencia no se corrige con el valor del dólar; su efecto es solo un velo momentáneo que oculta la realidad.

La magnitud de esta brecha es suficiente para alterar márgenes, desincentivar inversiones y dificultar la competitividad internacional, incluso en escenarios cambiarios favorables. A pesar de este entorno adverso, miles de productores, empacadores y trabajadores del Valle continúan apostando por la región. Siguen invirtiendo, mejorando la calidad, incorporando tecnología y sosteniendo puestos de trabajo en condiciones que no siempre favorecen el esfuerzo realizado.

El potencial del Valle sigue intacto. Es posible corregir la brecha competitiva, pero no se trata de imitar modelos foráneos, sino de eliminar los obstáculos que enfrentamos. Valorar a aquellos que continúan produciendo a pesar de las desventajas estructurales implica reconocer que el problema no es la falta de capacidad, sino el entorno que los rodea. Con reglas claras, una reducción de distorsiones tributarias y un marco de estabilidad a largo plazo, la brecha competitiva puede ser superada. La fruticultura ya demostró que sabe producir y competir. Si el entorno es favorable, el Valle puede recuperar su protagonismo en las exportaciones y convertirse nuevamente en un motor de desarrollo regional. La discusión pendiente no es cuánto debe valer el dólar, sino cuánto estamos dispuestos a transformar para liberar ese potencial.